En la causa están imputados de un delito continuado de estafa A.F.T., J.M.V. y J.J.M.G., para los que la fiscalía pide cinco años de cárcel, pero el último no se presentó hoy al juicio: cumple condena en una prisión francesa próxima a Burdeos y no ha sido extraditado en tiempo y forma, por lo que Sección Primera optó por suspender -al parecer saldrá pronto-, de momento sin nueva fecha para el juicio.
Quienes sí acudieron fueron los otros dos acusados, socios de la mercantil. Juan Marfil, el abogado de uno de ellos, del almeriense J.M.V., defiende la libre absolución de su patrocinado, “que aunque socio estaba en Almería y era completamente ajeno a la estafa, al igual que J.M.V.”. Según el letrado A.F.T. “es el único que comete la estafa, comprando los melones y no abonándolos”.
Se da la circunstancia de que A.F.T., el principal acusado, ha sido condenado por estafa en sentencias firmes por las audiencias de Soria (2001), Almería (2002), Santander (2001), Granada (2001) y Girona (2003), “entre otras”, refiere en su escrito de acusación provisional la Fiscalía de Ciudad Real.
Audiencia Nacional
Que el caso haya tardado casi doce años en llegar al tribunal se explica, según Marfil, porque durante la instrucción se ha producido un conflicto de competencias.
El juzgado de Tomelloso que comenzó a investigar las denuncias se inhibió en favor de la Audiencia Nacional porque entendía que esta estafa, por el número de perjudicados y el ámbito territorial en el que se produjo -la sociedad es de Almería aunque actuaba en Tomelloso- excedía la demarcación del partido judicial. Sin embargo la juez Teresa Palacios del Juzgado de Instrucción Central número 3 de la Audiencia Nacional se volvió a inhibir y remitió la causa de nuevo a Tomelloso, de ahí la demora.
El abogado de J.M.V. espera que de una vez por todas se esclarezca el caso y su defendido, que trabaja en Almería, salga absuelto.
En todos estos años ninguno de los más de veinte agricultores de Tomelloso que vendieron sus productos a esta sociedad, mediante un intermediario de la zona, ha cobrado un euro. No obstante, algunos han renunciado a cualquier indemnización e incluso hay un agricultor que ha fallecido mientras se instruía la causa. “La reclamación económica es de unos catorce millones de pesetas [84.000 euros] de los de entonces”, agrega el letrado.
Fuente: www.lanzadigital.com